Unas estructuras de cemento pintadas con grafitis y desgastadas por el sol son los pocos vestigios que quedan de Alto Río, el único edificio de 15 pisos que se desplomó tras el terremoto del 27F.

Ubicado en Concepción, el terreno, de 2.503,5 metros cuadrados, que en 2010 fue denominado como una de las “zona cero” del sismo, luce hoy visiblemente abandonado: pastizales secos, botellas de vidrio y bolsas de plástico se encuentran esparcidas, desentonando con los modernos edificios que en los últimos años se han construido a su alrededor.

El predio colindante, propiedad de la misma inmobiliaria, funciona como un estacionamiento irregular.

Tras un largo proceso judicial se condenó a los tres dueños de la inmobiliaria –Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza– y al ingeniero calculista René Petinelli,  por cuasidelitos de homicidio y lesiones graves, pero hasta ahora el proceso de indemnización no ha terminado.

Aquel terreno vacío se mantiene como un recordatorio, para los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, de ese capítulo inconcluso de sus vidas.

Es una tarde calurosa de enero y Verónica Riquelme (44) está sentada en su silla de ruedas bajo un limonero ubicado en el patio de la casa de sus padres, en Tomé. Hasta ese lugar se llega a través de un pasillo que fue modificado con una rampa. En un rincón están emplazadas unas barras paralelas que durante varios años la mujer ha ocupado en su proceso de rehabilitación.

La madrugada del 27 de febrero Verónica, quien se había titulado poco tiempo antes como ingeniera en Administración de Empresas, estaba durmiendo en el departamento 804 cuando el edificio Alto Río se desplomó. La caída le provocó una fractura en la columna, perdiendo de inmediato la movilidad de sus piernas.

Ella creía que solo se había fracturado la cadera, pero a las pocas semanas escuchó de boca de su doctora el duro diagnóstico: apoplejía flácida. “Acostúmbrate a la silla de ruedas, porque no vas a volver a caminar”, le dijo en ese entonces.

Ese día comenzaron años de cirugías, terapia y un difícil proceso de adaptación a lo que ella denomina “su nueva vida”.

Verónica confidencia que recién al ser contactada para esta entrevista cayó en cuenta de que habían pasado 10 años desde el terremoto. Eso removió varios recuerdos. “De vez en cuando pienso en lo que pasó, pero recordarlo me da pena. Ya me había ido de la casa de mis padres y estaba empezando mi carrera profesional cuando de un momento a otro volví a ser alguien totalmente dependiente”, reflexiona.

Desde entonces vive con sus papás, Miguel y Angelina, quienes se volcaron completamente a apoyarla en su recuperación. Su papá, por ejemplo, la transporta todos los días hasta el local que administra en Tomé, porque, pese a que ella hoy conduce su propio auto, en la comuna no existen facilidades para que se estacione.

De las siete personas que sufrieron lesiones graves producto del derrumbe del edificio, Verónica fue quien resultó más dañada físicamente. Pero tras esa madrugada, los proyectos de vida de varios de sus vecinos quedaron truncados y familias resultaron separadas: ya sea por la muerte de uno de sus integrantes o también porque no lograron apoyarse ni acompañarse en los procesos personales que cada uno vivió después.

Bely Olguín (35), quien esa noche dormía cuatro pisos más arriba que Verónica, en el departamento 1204, no resultó con ningún daño físico. Tampoco su exmarido, ni sus pequeñas hijas Josefa y Giuliana, que en ese entonces tenían uno y siete años.

Tras el derrumbe, y mientras lidiaban con la presión de haber perdido todo e intentaban levantarse de nuevo, Bely y su expareja enfrentaron una dura crisis. Mientras ella se concentró completamente en el cuidado de sus hijas, su exmarido lo hizo en el trabajo y en otras actividades. “Con mi expareja tomamos y vivimos esta experiencia de forma muy diferente. Al poco tiempo nos separamos”, relata.

“Yo estaba pendiente de mis hijas, no volví dentro de ocho meses a trabajar, pero él siguió con su vida casi de inmediato. Empezó a trabajar altiro... y no lo critico, pero él sí se despreocupó en el sentido emocional, lo digo por las niñas, que eran lo más importante”, agrega.

Josefa (11), la hija menor de Bely, muestra una cicatriz en su rostro. No recuerda cómo se la hizo, pero sabe que ese corte es de la noche del terremoto. Durante toda su infancia ha crecido escuchando sobre el derrumbe del Alto Río y que los rescatistas la encontraron dentro de un clóset.

Hasta ahora, nadie entiende cómo siendo una guagua logró desplazarse desde su pequeña cama hasta el armario. Todo esto, conjeturan ella y su madre, podría haber influido en su temor a los temblores. “Les tengo mucho miedo. Si cuando empieza a temblar estoy en un edificio, pienso que se puede caer”, cuenta la niña, cuyo primer hogar estuvo en el edificio Alto Río.

El 31 de octubre de 2012 una frase quedó constatada en la portada de varios periódicos de Concepción: “Mi vida se acabó por su culpa. Ya no tengo nada”. Verónica dijo esas palabras tras conocer el veredicto de la justicia, que en esa oportunidad solo condenó al ingeniero calculista René Petinelli por su responsabilidad en el derrumbe del edificio, dejando absueltos a los otros imputados.

Ese juicio finalmente fue anulado y, cuando se repitió, los tres propietarios de la inmobiliaria y el ingeniero fueron condenados por su responsabilidad en el colapso del edificio, específicamente por ocho cuasidelitos de homicidio y siete de lesiones graves.  Sus penas las pudieron cumplir en libertad y el caso se cerró en 2014, cuando el fallo fue ratificado en la Corte Suprema.

Hace algunos años que dejó atrás las cirugías y terminó su proceso de rehabilitación. Logró acondicionar su casa tras recibir el apoyo del Estado, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), tras escribirle una carta al Presidente Sebastián Piñera. Parte de la indemnización que recibió por las lesiones que le provocó el desplome del edificio la invirtió en un auto adaptado para su discapacidad. Eso le permitió recobrar, en parte, su independencia, y con ello comenzar una nueva vida.

“Antes mi rutina era estar en la casa y pura terapia, pero desde que tengo mi negocio es otra cosa, porque tengo con qué distraerme”, dice sobre el bazar que instaló en una céntrica galería de Tomé y donde pasa toda la semana.  “Vivo el día a día. No me doy esa libertad de pensar en el futuro. Cuando piensas mucho en el futuro te exiges llegar a una meta, yo prefiero, a lo más, pensar en plazos de un año”.

Sin embargo, hay algo que Verónica anhela que se concrete pronto:

Pero el futuro que correrán los terrenos en que se emplazaba el proyecto Alto Río aún es incierto.

La indemnización se fijó inicialmente en $ 3 mil millones. Las víctimas –tanto sobrevivientes como familiares de quienes murieron esa noche– recibieron una parte del pago en efectivo, mientras que el resto se zanjó a través del traspaso, por parte de la inmobiliaria, de los dominios del terreno donde se emplazaba el edificio y también del paño colindante, de carácter eriazo, donde la empresa Socovil planeaba construir otro proyecto habitacional.

Como ambos sitios registraban deudas en sus contribuciones, las que no han sido saldadas en su totalidad, sus inscripciones se han visto obstaculizadas y uno de estos arriesga que sea eventualmente sacado a remate.

El abogado Enrique Hernández, quien representa a un grupo de las víctimas, adelanta que en las próximas semanas realizarán una solicitud a distintas instancias, como el Ministerio de Hacienda, de Justicia e incluso Presidencia, para que se exonere a la comunidad del pago de este millonario monto.

Respecto del uso que se les dará a los terrenos hay varias ideas. Bely Olguín dice que le gustaría que se vendieran y el dinero se repartiera entre los afectados. Una opinión que también comparte Verónica: “Ahora estamos esperando la venta del terreno donde estaba el edificio. Hemos escuchado que había algunos interesados, como una constructora o una universidad”.

Por otro lado, Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río -que fue creada por sobrevivientes de la tragedia y que busca, entre otros objetivos, lograr cambios en materia de gestión de desastres-, anhela que se instale “un espacio de memoria que incluya museo, bibliotecas y que sirva para el encuentro de distintas comunidades en torno a materias de gestión del riesgo, emergencias y desastres naturales”.

Para que cualquiera de estas propuestas se concrete  se requiere de las voluntades de varios actores, principalmente del acuerdo de los vecinos respecto del futuro que les darán a dichos terrenos una vez que se solucione lo relativo al pago de las contribuciones pendientes.

“Varios vecinos me han dicho que necesitan que esto se solucione para cerrar el tema, dar vuelta la página. Olvidarse que existió el Alto Río en algún momento en nuestras vidas. Porque sería lo último que falta, vender el terreno, recibir la plata y decir ‘chao, Alto Río’”, comenta Verónica.

Bely añade que, más allá de las indemnizaciones, no quedó contenta con la sanción que recibieron los ejecutivos de Socovil ni el ingeniero calculista del edificio. Sin embargo, sabe que las decisiones ya están tomadas y ellos no tienen mucha injerencia. “Hay que aceptarlo y vivir con eso”.

Reconoce, sí, que no siempre es fácil. “Varias veces, pasando por la Plaza Perú, me he topado con el (ingeniero) calculista tomándose un café, muerto de la risa, como si nada. Encuentro injusto que ellos estén libres y no hayan tenido que cumplir una condena. No lo digo por mí, sino por los vecinos que resultaron mucho más afectados”, agrega.

“No tengo algo personal en contra de ellos”, dice Mónica Molina, “pero deberían asumir sus responsabilidades por las malas decisiones constructivas del edificio”.