“Me llamó la jefa de comunicaciones del Ministerio del Interior, doña Ximena Gattás, quien me solicitó ayuda en la organización de la ceremonia en la que asumía Alberto Maturana como director de la Onemi. Manifestándome también el interés de que yo asumiera como su directora de comunicaciones”.

El recuerdo es de mayo de 1994, hace ya 26 años. Meses después, un 1 de junio, también parte de su testimonio, la periodista Carmen Fernández Gibbs comenzó a trabajar en el Departamento de Coordinación y Difusión de la Oficina Nacional de Emergencias.

La frase es de la propia Fernández ante la entonces fiscal Metropolitana Occidente, Solange Huerta, quien el 18 de octubre de 2010 investigaba posibles errores cometidos por las autoridades en decretar alerta de tsunami el 27 de febrero de ese año. El fallido aviso significó la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 en las regiones más afectadas por un violento terremoto.

En su exposición ante la fiscal, la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) recordó parte importante de su vida laboral, la misma que quedó en jaque tras la emergencia. Entre ella, su paso por la carrera de Pedagogía y de Ciencias Sociales. Su trabajo en varios medios de comunicación y en una agencia de comunicaciones. Sus especializaciones en prevención de riesgos en EE.UU. y en España. Y, en particular, su labor para la Onemi, donde asumió como directora nacional interina en mayo de 2006, siendo confirmada en el cargo por la Presidenta Michelle Bachelet el 8 de noviembre del mismo año.

La tragedia del 27F no solo supuso el término de la vida laboral de Fernández en la Onemi. La experta fue formalizada por cuasi delito de homicidio, y aunque el proceso fue finalmente suspendido en 2017, Fernández optó por un ostracismo que ha mantenido por años.

Su abogado en todo este proceso, Luciano Fouillioux, da luces sobre el largo periplo que ha debido transitar Fernández. “Tengo contacto regular con ella. Se está reconstruyendo, lo que no es fácil. Nada bueno pasó, salvo salir adelante. Yo no tenía ninguna relación de amistad con ella, la conocí en función de su cargo y me pareció que era una causa justa para acompañarla”, cuenta.

Actualmente, en el entorno de Carmen Fernández solo dicen que “ella está bien, que hace clases, como siempre”. En la UNIACC –donde se desempeña “como docente part-time”, en la carrera de Periodismo– lo confirman. Fernández también brinda asesorías a algunas empresas privadas.

El 7 de mayo de 2012, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y durante varios días, se efectuó la audiencia de imputación de cargos a las autoridades que estuvieron al mando de la emergencia. Antes de comenzar la formalización, Carmen Fernández afirmó que venía a escuchar lo que se le imputaba “y a demostrar mi verdad”.  

Fernández mantuvo silencio en buena parte del proceso. A mediados de ese mismo mayo de 2012 concedió una entrevista a La Tercera. Dijo que sufrió dos episodios más o menos violentos, pero que en general “ha habido un acercamiento de las personas”. Allí también reconoció que se transformó “en el rostro de la inoperancia, por el tema de la alerta y las circunstancias en que se produjo una cadena de situaciones, en la cual yo era uno de los eslabones”.

Confesó que “si me hicieran volver a atrás, algo de lo que me arrepiento es de haber radicado toda mi confianza en el Shoa”. Aseguró que sentía “la cercanía de la Presidenta Bachelet”, subrayó que “me duele cada una de las muertes que se produjeron” y aclaró que “cuando llegué a la Onemi, el Shoa ya había levantado la alerta (de tsunami)”.

El camino legal fue complejo. Y a la vez mediático. En mayo de 2013, el juez Ponciano Sallés rechazó una solicitud de sobreseimiento de su defensa y fue categórico en señalar que tras el sismo lo primero que debió haber hecho la exautoridad, a su llegada a la Onemi, “fue dar cumplimiento a la alerta de tsunami emitida por el Shoa, aun cuando luego esta fuera descartada por el organismo de la Armada”.

Tras ese hito el proceso duró otros tres años, que incluyeron más declaraciones, audiencias y una reformalización por las 104 víctimas fatales que finalmente incluyó la acusación. Hasta que el 7 de abril de 2016, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional del procedimiento propuesta por el Ministerio Público. Había un acuerdo con los imputados del llamado “caso tsunami”.

En esa audiencia, la exdirectora de la Onemi leyó una declaración e incluso se emocionó y se quebró. “Vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan (…); ciertamente, jamás podrá compararse con el dolor de los familiares de las víctimas fatales, a quienes sin complejos doy mi acompañamiento (…). Creo haber realizado todos los esfuerzos para ir en ayuda de la población, pero si eso pudo ser insuficiente, lo lamento honestamente”, dijo. También insistió en que “jamás quise un resultado con daños para las personas, a cuyo servicio le he dedicado toda mi vida”.

El caso se cerró el 13 de octubre de 2017. Luego de 18 meses de decretada la suspensión condicional del procedimiento, así como de otros cinco imputados, la 11° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución y decretó el primer sobreseimiento definitivo en la causa. Fue para Carmen Fernández.

¿Ella quedó conforme con la resolución?
Sí, la penalidad que le estaban pidiendo eran 800 días. El país sufrió una esquizofrenia. Tenía que buscarse un culpable. Esto fue una tragedia para muchas personas, hubo 156 fallecidos por efecto del tsunami y más de 500 por del terremoto. A partir de esa tragedia hubo un aprovechamiento brutal de sectores políticos e incluso empresariales. Aquí hubo gente que hizo negocios, incluso con la evaluación extranjera.