Hace una década, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) se ubicaba en un edificio de dos pisos que durante buena parte del siglo XX había sido utilizado como fábrica de colchones. Su fachada de ladrillo destacaba por una particular combinación de colores, con franjas granates sobre un fondo durazno. El inmueble estaba emplazado en calle Beauchef #1671, exactamente la misma dirección que ocupa la Onemi en la actualidad, pero tanto el lugar como la institución eran bien distintos a los de hoy.

En esa época, los 189 empleados de la Onemi cumplían con horarios de oficina, trabajando de 9 a 18 horas. Por esa razón, la madrugada del 27 de febrero de 2010 había solo tres personas a cargo de toda la coordinación del sistema de emergencias del país. Después del terremoto 8,8 que sacudió la zona centro-sur del país cerca de las 3 y media de la mañana, una cadena de errores compartidos por el Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) les costó la vida a cientos de chilenos.

Una investigación de dos años realizada por la PDI reveló información desconcertante: el personal del Shoa desatendió las advertencias de la oceanógrafa Cecilia Zelaya de elevar de alerta de tsunami a alarma. Recién ocho horas después se constató la ocurrencia del maremoto en el borde costero.

Esa madrugada, en el Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi, los funcionarios que analizaron el fax del Shoa que contenía la alerta no tenían estudios especializados en tsunamis. Ellos creían que si el epicentro del sismo era en tierra, se podía descartar automáticamente el riesgo de un maremoto.

El ingeniero forestal Osvaldo Malfanti, el geógrafo Johaziel Jamett y los periodistas Paolo Marín y Carmen Fernández, quienes ocupaban cargos importantes en la institución, concluyeron que la información del fax era ambigua. Si hubieran estado enterados de los canales de información protocolizados, habrían entendido que el mensaje era una clara y precisa alerta de tsunami.

En 2015, mientras el Ministerio Público llegaba a acuerdo con los imputados del llamado “caso tsunami”, el viejo edificio de la Onemi donde se cometieron esos costosos errores fue demolido para levantar uno nuevo en su lugar. Esta señal de modernización, sin embargo, no necesariamente se correspondió con avances sustanciales en todos los frentes.

La reformulación de todo el sistema de emergencias en el país aún es una tarea pendiente. A pocos días del primer aniversario del terremoto, el 22 de marzo de 2011, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para crear el “Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y la Agencia Nacional de Protección Civil”, con el fin de “modernizar la estructura y gestión de la Onemi y establecer un sistema efectivo para prevenir y gestionar el riesgo de desastres”.

Pese a ser empujado por las carteras de Defensa, Hacienda, Interior y Vivienda, la propuesta no prosperó. De hecho, la misma iniciativa fue incluida después en el programa del segundo gobierno de Piñera.

Más allá de las reformas legales, los encargados de las instituciones involucradas en el sistema de emergencias afirman que se han hecho numerosas inversiones y mejoras. La remodelación del edificio de la Onemi recibió varias críticas por intervenir un barrio patrimonial, pero actualizó la infraestructura de la sede a estándares internacionales. Se incorporaron aisladores sísmicos y fuelles para soportar un terremoto grado IX, en una transformación que significó una inversión pública de $ 6.100 millones.

No solo se introdujeron cambios en la obra gruesa. Actualmente, el CAT opera con tecnología de punta y la Onemi es capaz de monitorear todo el territorio nacional en tiempo real. Las paredes de la sala están cubiertas con monitores, ubicados uno al lado del otro, que no se apagan en ningún momento. En cada pantalla se vigilan situaciones diferentes: registros del Shoa, actividad volcánica, incendios, entre otras.

Ahora también hay personal de lunes a domingo y a toda hora: un jefe de turno, encargado de operar la plataforma que alerta a través de mensajes de texto de 90 caracteres (Sistema de Alertas de Emergencias), dos operadores de comunicación, un periodista que monitorea las redes sociales, un profesional técnico que está disponible para reponer cualquier aparato defectuoso y un conductor.

Respecto de la capacitación de su personal, la Onemi generó una alianza con la Universidad de Chile, quien dicta a los funcionarios dos diplomados: de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático. Además, dice Ricardo Toro, los operadores son entrenados con un curso de manejo de crisis y otro de manejo de radio y telecomunicaciones.

Por su parte, el Shoa también se ha actualizado. El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), vigente desde 1966, ahora funciona desde tres salas de operaciones: una principal y otras dos de respaldo, en caso de que falle la primera. Permanentemente, hay cuatro personas que cumplen turnos de seis horas. En el caso de una emergencia, se toca un timbre para llamar a 16 personas más que están en el mismo establecimiento para que se incorporen de inmediato.

En 2013, en tanto, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la U. de Chile implementó un sistema de monitoreo más avanzado. La fragilidad del sistema también había quedado en evidencia el 27F.

Tan insuficiente era la red sismológica que su director, Sergio Barrientos, reconoció que se demoraron cerca de dos horas en calcular la magnitud y el epicentro del terremoto. “Era un sistema bastante antiguo, que privilegiaba principalmente el bajo costo de esta operación. Entonces, eso tenía sus problemas, sus desventajas”, dice Barrientos.

Actualmente, el centro cuenta con alrededor de 110 instrumentos en todo el país, incluyendo sismógrafos para dimensionar la amplitud de las oscilaciones del movimiento, y acelerógrafos, que registran la velocidad, aceleración, desplazamiento del suelo e intensidad del sismo.

Las tres instituciones reformularon, además, sus protocolos de comunicación, para hacerlos más claros y rápidos en caso de un evento.

La red de informantes de Mercalli, conformada por más de 3.300 personas en todo Chile, según la Onemi, cuenta con especialistas entrenados para percibir la intensidad de un sismo, medirla en esta escala y reportarla al momento en que ocurre. Si entre esas estimaciones hay al menos dos de grado VII o superior, la Onemi declara la evacuación preventiva.

Paralelo a esto, a los tres minutos del sismo, el CSN envía un reporte a la Onemi y al Shoa. A partir de esos datos, la Onemi determina la magnitud en grados Richter, latitud, longitud y profundidad del movimiento. Esa información es compartida con el Shoa y este organismo emite un boletín señalando si hay probabilidad o no de la ocurrencia de un tsunami.

Ricardo Toro destaca que después del 2010, “hemos rebajado de 20 a seis minutos el tiempo para determinar si un terremoto viene con un tsunami y de ahí aplicar el Sistema de Alerta de Emergencia”.

William Arévalo, presidente de la Comisión de Catástrofes de la Asociación de Municipalidades, apunta que “la Onemi ha crecido mucho, pero todavía no tiene las herramientas suficientes para intervenir. A lo mejor las tiene para una emergencia, pero no para una catástrofe similar a la del 2010”.

Para Arévalo, es importante que se cambie la normativa, porque “hoy día cada ministerio trabaja con sus políticas, pero en temas de catástrofes no conversan, no se facilitan las cosas”. Esto, agrega, no ayuda en nada a los municipios.

Los directores del Shoa, la Onemi y el Centro Sismológico Nacional han liderado sus instituciones desde fechas cercanas. Patricio Carrasco cree que gracias a eso se acoplan bien y que, con ley o sin ley, han trabajado juntos en diversas emergencias de forma exitosa. "Se ha formado un equipo de trabajo muy afiatado, donde nos decimos las cosas tal cual como son”.

Pero para De L’Herbé, una nueva ley es necesaria para coordinar a todos los responsables de la seguridad en una emergencia. Esa sería, en su opinión, la gran deuda pendiente del 27F: “Debemos dejar de reinventar la rueda, dejar de lado los egos y poner a las personas en el centro, algo que, en todo caso, es insuficiente si no va acompañado de la voluntad y liderazgo político que se requieren para materializar un cambio que, como cualquiera, debe enfrentar resistencias”.