Los números son desalentadores. Con un promedio de nueve ataques cada 30 días en los últimos cinco años, los hechos de violencia en la zona roja del conflicto mapuche que afecta a las regiones del Biobío y La Araucanía se ha transformado en un tema complejo para el gobierno, las fiscalías y las policías.
No solo por los crecientes niveles de inseguridad en las rutas y por el temor de sus habitantes, sino que, además, por los escasos resultados que han obtenidos las investigaciones del Ministerio Público por hechos tan graves como atentados incendiarios contra iglesias, empresas forestales, quemas de viviendas y ataques armados contra conductores en caminos rurales de la región.
Frente a la escala de violencia ocurrida en las últimas semanas en la zona, el equipo de Investigación y Datos de La Tercera analizó las cerca de mil querellas presentadas por el gobierno entre 2016 y 2021 en las regiones de La Araucanía y el Biobío, de las cuales 547 acciones legales denuncian ataques en contexto de la llamada violencia rural.
Esta fue la base para elaborar un mapa georreferenciado de cada uno de estos ataques y que exhibe por primera vez, a este nivel de detalle, cómo los atentados se fueron multiplicando por los distintos rincones de la zona.
Es así que se encuentran denuncias presentadas tanto en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet por atentados explosivos, homicidios, quemas de casas y de maquinarias, como también acciones legales dentro del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera por robos con intimidación y balaceras en las rutas. Los registros judiciales muestran un dramático resultado: 40 comunas son foco constante de violencia, donde la curva de atentados crece de manera inversa a la de los detenidos por cometer estos delitos.
Ante los magros avances, la PDI, principal policía que investiga los hechos más graves de violencia rural, realizó cambios en su estrategia: de manera extraoficial los detectives hablan de una “poda”, que en términos simples significa seguir de cerca a sospechosos de cometer o liderar atentados para detenerlos cuando cometan delitos comunes, ya que para los investigadores no es inusual el vínculo que existe entre la violencia rural y otros hechos criminales.
Los atentados, robos violentos y quemas son agrupados bajo la etiqueta de “violencia rural”, la cual no tiene un registro único y oficial en el gobierno, las fiscalías o las policías. Y al igual que ocurre con otros fenómenos delictuales, cada institución lleva su propio catastro de los delitos ocurridos en la zona roja del conflicto mapuche. Mientras algunos personeros incluyen en sus estadísticas y resultados los arrestos por usurpaciones de terrenos, otros optan por no considerar estos hechos como violencia rural.
Estos son los principales resultados de la investigación. Revisa el detalle de la metodología aquí.