Investigación y Datos - La Tercera

El mapa definitivo de la violencia en la Macrozona sur

¿Cuáles han sido los puntos críticos de los más graves atentados ocurridos en el Biobío y La Araucanía durante los últimos cinco años? Tras un análisis de las más de 500 querellas presentadas por el gobierno, este mapa visualiza la expansión de una violencia que parece no tener fin.


Por Sebastián Labrín y Felipe Díaz

Los números son desalentadores. Con un promedio de nueve ataques cada 30 días en los últimos cinco años, los hechos de violencia en la zona roja del conflicto mapuche que afecta a las regiones del Biobío y La Araucanía se ha transformado en un tema complejo para el gobierno, las fiscalías y las policías.

No solo por los crecientes niveles de inseguridad en las rutas y por el temor de sus habitantes, sino que, además, por los escasos resultados que han obtenidos las investigaciones del Ministerio Público por hechos tan graves como atentados incendiarios contra iglesias, empresas forestales, quemas de viviendas y ataques armados contra conductores en caminos rurales de la región.

Frente a la escala de violencia ocurrida en las últimas semanas en la zona, el equipo de Investigación y Datos de La Tercera analizó las cerca de mil querellas presentadas por el gobierno entre 2016 y 2021 en las regiones de La Araucanía y el Biobío, de las cuales 547 acciones legales denuncian ataques en contexto de la llamada violencia rural.

Esta fue la base para elaborar un mapa georreferenciado de cada uno de estos ataques y que exhibe por primera vez, a este nivel de detalle, cómo los atentados se fueron multiplicando por los distintos rincones de la zona.  

Es así que se encuentran denuncias presentadas tanto en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet por atentados explosivos, homicidios, quemas de casas y de maquinarias, como también acciones legales dentro del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera por robos con intimidación y balaceras en las rutas. Los registros judiciales muestran un dramático resultado: 40 comunas son foco constante de violencia, donde la curva de atentados crece de manera inversa a la de los detenidos por cometer estos delitos.

Ante los magros avances, la PDI, principal policía que investiga los hechos más graves de violencia rural, realizó cambios en su estrategia: de manera extraoficial los detectives hablan de una “poda”, que en términos simples significa seguir de cerca a sospechosos de cometer o liderar atentados para detenerlos cuando cometan delitos comunes, ya que para los investigadores no es inusual el vínculo que existe entre la violencia rural y otros hechos criminales.

Los atentados, robos violentos y quemas son agrupados bajo la etiqueta de “violencia rural”, la cual no tiene un registro único y oficial en el gobierno, las fiscalías o las policías. Y al igual que ocurre con otros fenómenos delictuales, cada institución lleva su propio catastro de los delitos ocurridos en la zona roja del conflicto mapuche. Mientras algunos personeros incluyen en sus estadísticas y resultados los arrestos por usurpaciones de terrenos, otros optan por no considerar estos hechos como violencia rural.

Estos son los principales resultados de la investigación. Revisa el detalle de la metodología aquí.

Incidentes
acumulados

Incidentes
del semestre

Comunas
Afectadas

Primer Semestre 2016

Fueron 18 las causas en que el gobierno decidió hacerse parte a través de acciones legales, por hechos ocurridos en la Región de La Araucanía. Una de estas corresponde al atentado a un templo religioso, ocurrido en Pidima. Durante este año, en total, se registraron 19 atentados a recintos de oración, de los cuales 12 correspondieron a capillas católicas y nueve a templos evangélicos.

Un porcentaje importante de estos atentados fue atribuido por la agrupación Weichán Auka Mapu. La causa por la cual se querelló el Ejecutivo se encuentra cerrada y sin detenidos.

Pese a la intensidad con que se atacaron recintos religiosos, las empresas forestales siguieron siendo atacadas y saboteadas. Según laAsociación de Contratistas Forestales ese año sufrieron 39 ataques, concentrados en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Las cifras de la Multigremial de La Araucanía también evidencian un año excepcionalmente violento.


1 Causa
Una comuna afectada


Segundo Semestre 2016

Los ilícitos se concentraron en Ercilla y Collipulli, comunas que reunieron el 64% de los atentados por los cuales las Intendencias se querellaron. La mayor parte de los ataques ocurrieron en la Ruta 5 Sur o en sus inmediaciones.

Al analizar las acciones legales del gobierno un dato salta a la vista: no existen detenidos ni formalizados en estas 18 causas, de las cuales 14 corresponden a incendios.

Los escasos resultados, según gremios locales, dieron pie a la proliferación de nuevos ataques armados e incendiarios. La Asociación de Contratistas Forestales asegura que desde 2014 a la fecha, la fiscalía apenas logró dos condenas en las 260 investigaciones por ataques a empresas y trabajadores del rubro. Un 0,77% de efectividad tras sus denuncias. Este año se registra un detenido que al día de hoy cumple condena tras las rejas.


18 Causas
Una comuna afectada


Primer Semestre 2017

Los delitos de incendio y robos con intimidación investigados en La Araucanía llevaron al gobierno a presentar 18 querellas. Con 19 formalizados ese año, 2017 mostró los primeros resultados en las indagatorias más graves de violencia rural.

Tras ello, los atentados mostraron una tendencia a la baja, según autoridades y gremios locales: sus cifras muestran que en el Biobío y la Araucanía hubo 12 ataques contra forestales.

Al igual que el año anterior, los hechos más graves tuvieron cabida principalmente en las cercanías de la Ruta 5 Sur. Trece de las querellas que presentó el gobierno de Michelle Bachelet se vinculaban con ataques incendiarios.

Las comunas más afectadas fueron Ercilla, Collipulli y Victoria, en la Región de La Araucanía.


9 Causas
Una comuna afectada


Segundo Semestre 2017

Fue este año, además, en el marco de una investigación para identificar a los autores de hechos graves de violencia, que el 23 de septiembre se realizó un operativo de Carabineros en el Biobío y la Araucanía que terminó con ocho comuneros mapuche detenidos.

La operación fue bautizada como “Huracán”, la que posteriormente se derrumbaría por el uso de pruebas falsas para incriminar a los detenidos y terminó con altos oficiales de la policía encarcelados.

Las zonas con comunidades en conflicto son puntos clave para las investigaciones policiales. Según Carabineros, solo en La Araucanía hay más de 3.200 comunidades étnicas, de las cuales cerca de 320 mantendrían algún tipo de conflicto con el Estado, detalla el general Carlos González, jefe de la Macrozona Sur Control Orden Público.

Leer entrevista al General Carlos González

Un total de cuatro personas detenidas este año se encuentran condenadas en régimen penitenciario cerrado.


8 Causas
Una comuna afectada


Primer Semestre 2018

La crisis que causó la Operación Huracán llevó a que Carabineros interviniera sus unidades de inteligencia y áreas investigativas en La Araucanía. Tras ello se enfocaron casi principalmente a la prevención en las rutas y cumplir alguna de las 487 medidas de protección a víctimas, vigentes hasta mayo.

La consecuencia fue inmediata: la PDI asumió la mayor parte de las causas de violencia rural. Estadísticas del Ministerio Público muestran que, a la fecha, el 64% de los casos los investiga la PDI, el 16% Carabineros y en un 20% se pidió diligencias a ambas policías.


15 Causas
Una comuna afectada


Segundo Semestre 2018

Los registros de la PDI detallan que han detenido, desde 2018 hasta la fecha, a 14 personas por incendios y atentados explosivos e incendiarios.

Según la policía “es importante considerar que, dentro de los tópicos considerados como violencia rural, los imputados cometen otros delitos conexos como robo de vehículos, hurto de madera, porte y tenencia de armas, entre otros”.

Lee aquí la respuesta de la PDI

Durante 2018, solo nueve personas fueron formalizadas en causas donde el gobierno era querellante.

A los escasos resultados, se sumó un episodio que cuestionó el actuar de Carabineros en la zona: el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre en la comunidad Temucuicui, en Ercilla.

La investigación de la fiscalía estableció que un funcionario de Carabineros disparó sin provocación. El hecho agudizó la violencia en la zona. En apenas 47 días el gobierno se querelló por siete ataques graves ocurridos tras la muerte del comunero.

El año 2018 registró cuatro detenidos que cumplen hasta el día de hoy una condena privativa de libertad.


55 Causas
Una comuna afectada


Primer Semestre 2019

Mientras los ataques aumentaban en frecuencia, los arrestos tenían un escaso avance. La PDI se defiende: "La ruralidad constituye el principal elemento que caracteriza los sitios de suceso de los delitos cometidos en ese contexto, dificultando el trabajo de las policías”

Ese año, con la llegada de un nuevo alto mando en la PDI, surgió la “poda”, que en el ambiente policial -y de manera extraoficial- no es más que seguir de cerca a los sospechosos de atentados graves para detenerlos cuando cometen delitos comunes.

"Estamos implementando nuevas fórmulas para mejorar la investigación de estos delitos, las cuales no se pueden detallar en lo específico", dicen en la PDI.


63 Causas
Una comuna afectada


Segundo Semestre 2019

Del análisis de las acciones legales del Ejecutivo surge otro antecedente relevante: los nuevos “hotspots”, o puntos calientes donde ocurren atentados graves.

Estas nuevas zonas muestran el desplazamiento de los grupos radicalizados desde las cercanías de la Ruta 5 Sur a caminos ruralesdistantes y boscosos.

Así la ruta R-182 y sus inmediaciones, que une Angol con Collipulli en La Araucanía, se convirtió en un “punto caliente”. Lo mismo ocurrió en sectores aledaños a la ruta P-72-S de la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

La violencia avanzó de tal forma que, el 16 de agosto de ese año, encapuchados quemaron una bodega instalada a menos de un kilómetro de un retén de Carabineros. No hubo detenidos.

De acuerdo al barómetro de la Multigremial de La Araucanía, en 2018 los atentados subieron un 503%. El presidente de esta agrupación, Patricio Santibáñez, dice que detrás de los ataques hay “grupos paramilitares”.

El número de querellas del gobierno llegó a 144 y los formalizados llegaron a 36. Este año fueron detenidas seis personas que al día de hoy cumplen una condena en la cárcel, así como otros cuatro imputados que están en prisión preventiva.


77 Causas
Una comuna afectada


Primer Semestre 2020

Fue uno de los años más violentos. Solo en este periodo el gobierno presentó 235 querellas por ataques graves en la zona.

De ellas, 101 acciones legales (43%) corresponden a quemas de casas y de maquinarias forestales. A tal punto escaló el conflicto que los ataques afectaron también las vías férreas que causaron el descarrilamiento de un tren de carga.

El 2020, además, estuvo marcado por una huelga de hambre de comuneros mapuche que cumplían prisión preventiva en el penal de Angol, misma medida de presión que ejerció el machi Celestino Córdova, condenado en 2014 por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay. Su exigencia era asistir a su comunidad para realizar un ritual de renovación de su rewe.


84 Causas
Una comuna afectada


Segundo Semestre 2020

El fiscal Héctor Leiva, jefe de Alta Complejidad de La Araucanía,asegura que entre los tantos factores que complejizan las indagatorias, “hay algún grado también de preparación de las personas que cometen estos delitos”.

Revisa la entrevista al Fiscal Leiva acá.

Según la Fiscalía de La Araucanía, este año se dejó a 35 personas en prisión preventiva vinculados a 25 hechos de violencia rural cometidos entre 2018 y 2020. A marzo de este año eran 31 los imputados que seguían bajo la misma medida cautelar.

Las usurpaciones violentas también exhibieron un avance en este periodo. El werkén de la comunidad Newen Comaco, Juan Pichunhuala, lidera un grupo que exige más de 2.500 hectáreas.

Para esto, dice, cuenta con los títulos de merced. “Nosotros creemos firmemente que nuestras tierras fueron usurpadas, entonces el gobierno debería ponerse las pilas y que haga su trabajo”, asegura.

Del total de querellas del gobierno, en más de 140 casos los ataques ocurrieron en una carretera. Uno de los hechos de mayor connotación ocurrió el 21 de agosto, en la ruta que une Angol con Collipulli, donde desconocidos dispararon contra tres camiones hiriendo a una niña de 9 años.

Este año fueron detenidas dos personas que actualmente cumplen pena en la cárcel, y otros 34 individuos tienen la calidad de imputados en prisión preventiva.


148 Causas
Una comuna afectada


Primer Semestre 2021

Considerando solo el primer trimestre del año, el gobierno ha presentado 73 querellas por delitos graves de violencia rural, en un inicio de año especialmente crudo: el 7 de enero, 850 detectives ingresaron a la comunidad de Temucuicui en un operativo antidrogas. Fueron recibidos a balazos, uno de los cuales impactó en la cabeza del inspector Luis Morales, causando su muerte.

La distribución de policías en la zona es un elemento relevante. Carabineros, además de patrullar, destina personal para proteger a personas amenazadas.

Según sus estadísticas, hasta inicios de mayo cumplían 487 medidas de protección.

Las custodias policiales que la fiscalía dicta en un año sirven como termómetro para conocer la evolución del conflicto. Si en 2018, por ejemplo, había 332 resguardos policiales, un año más tarde el número se incrementó con fuerza: llegaron a 426 en los siguientes 12 meses y a la fecha su número bordea las 500 medidas para evitar atentados.

El análisis de los resultados obtenidos tras las querellas del gobierno, muestran la existencia de verdaderas zonas de impunidad: comunas donde en los últimos cinco años se han cometido hechos graves de violencia donde no existen detenidos, según registros del Poder Judicial. Es el caso de la comuna de Tirúa, donde pese a los 52 ataques de alta connotación, no existen formalizados.

Similar situación vive Contulmo, que agrupa 30 ataques y cero formalizados, y Nueva Imperial, con 12 hechos de violencia y ningún arresto.

Cuatro personas que han sido detenidas este año por violencia rural cumplen prisión preventiva. Dos son investigados por dar muerte a un funcionario de Carabineros.


69 Causas
Una comuna afectada


Todos los incidentes 2016-2021

Pese a la violencia sostenida que afecta a las regiones del Biobío y la Araucanía, las cifras de la PDI indican que desde 2018 a la fecha apenas han logrado detener a 14 personas implicadas en uno de los 477 ataques cometidos desde ese año en la zona.

Desde 2016 a la fecha, en la cárcel existen hoy 50 personas privadas de libertad, de las cuales 16 cumplen una condena y otras 34 están sujetas a prisión preventiva.

Las cifras de la fiscalía no son más alentadoras: El Ministerio Público de La Araucanía, registra 31 prisiones preventivas en igual periodo, donde ocho imputados fueron formalizados por delitos de alta connotación. Y la Fiscalía del Biobío, en tanto, solo entregó información bajo la Ley de Transparencia y decidió no hacer comentarios sobre sus escasos resultados. Estas son las cifras que ha logrado el Ministerio Público:

Fiscalía Biobío:


  • 314 Investigaciones inició entre 2016 y 2020 la Fiscalía del Biobío
  • 1% De sus investigaciones han terminado en condena
  • 97,4% De sus investigaciones fueron cerradas sin culpables
  • 1,6% De sus investigaciones siguen vigentes
  • 2018 Fue el año que más denuncias ingresaron por violencia rural (102 casos)

Fiscalía Araucanía:


  • 236 Investigaciones por violencia rural abrió la Fiscalía de la Araucanía entre 2018 y 2020
  • 1,3% Del total de causas han tenido condena
  • 60,1% De las investigaciones siguen vigentes
  • 38,6% De las indagatorias están terminadas
  • 2020 Fue el año con mayor cantidad de denuncias por violencia rural (119 casos)