Eran las cinco de la mañana y el papá de I.M. regresaba a su casa en Las Condes luego de un largo viaje de negocios a China. “¿Qué aprendiste ayer en el colegio?”, le preguntó al niño, de seis años, despertándolo. Confundido, en medio del sueño, él respondió: “A sumar”. “Dime cuánto es dos más tres”, interrogó entonces el hombre. I.M. sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo malo estaba por pasar. “¿Siete?”, dijo dudoso.

Su padre lo agarró del brazo y lo llevó al baño. Dio la llave de la ducha y lo metió con pijama al agua helada. Luego lo sentó en su escritorio. “Te pusiste a estudiar”, ordenó, y le puso al frente un cuaderno en blanco. “Tenía que llenar dos columnas por página: 2+3=5, 2+3=5 y así, en todas las hojas, por ambos lados, hasta llenar el cuaderno”, recuerda hoy el joven, de 28 años.

Desde que tiene memoria, su padre lo sometió a los más diversos maltratos. Los gritos y los insultos eran solo el inicio: “Eres tonto, eres mongólico”, le repetía permanentemente. Luego venían los golpes: a las mesas, a las paredes y, por supuesto, a él y a sus tres hermanas. “Combos, charchazos, palmadas en la nuca, empujones. Me sacaba la cresta”, resume. ¿La primera vez en que lo echó de la casa? Siete años. Finalmente, el abuso sexual, las tocaciones, que toleró hasta bien entrada la adolescencia. No era la única víctima. “Mi papá esperaba que todos se durmieran e iba a meterse a la pieza de mi hermana melliza”, cuenta.

Aquella época marcó para siempre a I.M. “En mi casa no había posibilidad de opinión. Siendo yo de familia judía, y sé que la analogía puede sonar fuerte, era como vivir con Hitler. Mi casa era casi un Auschwitz”.

Entre los profesionales de la salud, la educación, abogados y otros expertos que se desenvuelven en el entorno de familias como la de I.M., y que se dedican a investigar temas de infancia, el relato del joven no genera gran sorpresa. “Me ha tocado ver casos y he sabido de otros, donde me han pedido consejo sicólogos o directores de colegios”, dice el abogado y exdirector del Sename Francisco Estrada.

Según Felipe Lecannelier, sicólogo y doctor en desarrollo infantil, hay, sin duda, una cifra oculta en lo que concierne a vulneraciones de derechos en niños, niñas y adolescentes (NNA) del estrato socioeconómico alto, o ABC1. “Nos encantaría tener más datos, pero, a diferencia de los estratos bajos, donde uno va a los consultorios y puede revisar las fichas, entrevistar a los pacientes, en una clínica privada no nos van a pasar nada y esas familias no querrán ser evaluadas”, explica el investigador de la Universidad de Santiago.

Sin embargo, hay un informe que deja entrever las sutiles diferencias del maltrato entre clases. Data de 2012, fue hecho por Unicef y es el último en su tipo que consideró la variable de estrato social. Mientras que la violencia sicológica llega a un 17,3% en el nivel bajo, sube a un 23,2% en el alto. En contraste, la violencia física grave se presenta en un 27,2% en el nivel bajo y un 24,2% en el alto. El fenómeno es, claramente, transversal.

“Está la imagen de que el pobre es tonto, alcohólico, drogadicto, abusador, maltratador, pero cuando empiezas a ver esos datos por nivel socioeconómico, no encuentras tantas diferencias”, dice Lecannelier, quien en uno de sus últimos estudios descubrió que los niños del estrato más alto y el más bajo presentaban la misma prevalencia de problemas mentales.

"Efectivamente, hay una percepción de que esto no pasa, o pasa muy poco, pero son muchos más casos de los que uno creería”, dice Andrea von Hoveling, ginecóloga infanto- juvenil de la Clínica Santa María y el Hospital El Carmen de Maipú. “Cuando yo comento que me encuentro con casos de abuso sexual, la gente inmediatamente asume que son de mi trabajo en el hospital y tengo que aclararles que no, que son pacientes de la clínica o gente cercana a mí”.

Estimaciones de la Fundación para la Confianza apuntan a que por cada denuncia de abuso sexual, 25 quedan silenciadas. Por esto, José Andrés Murillo, director ejecutivo de la institución, cree que con otros tipos de abuso las cifras deberían ser similares, “o quizás más”, porque no siempre se les entiende como una vulneración de derechos y se pasan por alto.

A pesar de que en nuestra sociedad este fenómeno ha estado asociado, mayoritariamente, a los estratos sociales más bajos, distintas circunstancias han ayudado a que lentamente comience a visibilizarse.

“Sin duda, nos llegan más causas ABC1”, dice la jueza de familia Verónica Ortiz. Su percepción es que el fenómeno tiene relación con la modificación a la ley de tuición compartida. Desde ese año, ha habido un claro aumento en los casos de cuidado personal y relación directa y regular.

A esto se suma que, desde mediados de 2017, los jueces de familia han optado progresivamente por asignar curadores ad litem a este tipo de causas, luego de que la corte anulara un juicio de cuidado personal argumentando que en este se debería haber nombrado un curador.

“Al entrar los curadores a esas causas, hace dos años, se dan cuenta de que en esos juicios muchas veces hay un menor que está siendo maltratado por una de las partes, o ambas”, dice Francisco Estrada.

Ester Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (Cideni) y curadora ad litem, ha sido parte de este proceso. Inicialmente, la mayoría de sus causas eran por protección y con menores de muy bajos recursos, pero cada vez más comenzó a toparse con este otro tipo de casos.

Recién a los 16 años, este joven comenzó a entender que la vida que llevaba, que los maltratos que sufría, no era normal. Un día se defendió.

“Regresaba de trabajos sociales del colegio. Tenía que llevar el cuaderno de un compañero para estudiar, para revisar sus apuntes, no lo recuerdo bien”.

- ¿Dónde está el cuaderno de tu compañero?- le preguntó el padre.
- Mi compañero no lo llevó, se le olvidó.
- ¿Y qué te dije yo?
- Que trajera el cuaderno de mi compañero.

Su papá comenzó a gritar. Primero le pegó a la mesa y luego a él. “Me acuerdo de estar sentado, cubriéndome la cabeza. Entonces, la silla tambalea y, cuando viene de vuelta, lo empujo, me lo saco de encima. Él pierde el equilibrio y se pega contra el muro”.

I.M. agarró su billetera y salió corriendo de la casa. Corrió sin parar desde Av. Presidente Riesco, en Las Condes, hasta el Puente Nuevo, en La Dehesa. “Era demasiada la adrenalina. Corrí hasta que ya las piernas no me dieron más y me caí al piso. Llamé a un amigo que vivía en San Carlos de Apoquindo y le pregunté si me podía ir a su casa, sin decir nada. Ni siquiera me acuerdo por dónde me fui, solo que de nuevo corrí, corrí y corrí”.

Las veredas estaban vacías esa mañana y nadie se asomaba por entremedio de aquellas rejas y paredes altísimas que cercaban las casas vecinas. La orden era clara: dar una vuelta a la manzana, trotando, en calzoncillos. Incluso en esa soledad, la humillación era evidente.

“El niño, que tenía 12 años, no había quedado en el equipo para un partido. Su padre era bien deportista y le importaba mucho que su hijo también lo fuera, pero el pequeño tenía otros intereses”, recuerda un abogado que pide no revelar su identidad.

Jueces, abogados, curadores. Todos tienen un caso que recuerdan especialmente. Que los preocupó en exceso, que los conmovió. Detrás de cada uno de ellos aparece el perfil de padres exigentes, preocupados del estatus y de las apariencias, y que a pesar de sus altos niveles educacionales, de sus exitosas trayectorias profesionales, parecen no tener las competencias parentales que sus hijos necesitan.

I.M. recuerda que mientras sus hermanas le recitaban a su papá los libros de memoria, él era un “desastre”. Aunque era destacado por sus habilidades verbales y sociales, fue además preseleccionado nacional de rugby, sufría de dislexia y dislalia, por lo que para su papá era “flojo y estúpido”. Esas destrezas no le interesaban a su padre.

“En mi casa, ser bueno no era suficiente. Nos entrenaron para ser los mejores, superar al resto, destacar sobre el resto, ser excelentes”.

Francisca es asistente social y ha trabajado en distintas fundaciones y grupos de apoyo para menores. Sabe que los estereotipos son a veces injustos, pero reconoce ciertas características comunes a estas familias: el padre que viaja permanentemente por negocios, la mamá con un montón de clases y talleres, niños que pasan mucho tiempo con empleadas domésticas o solos.

Esto último se hace más patente cuando los colegios derivan a los niños con sicólogos y siquiatras. Se les cataloga como problemáticos, rabiosos, con déficit atencional, y “la expectativa de los establecimiento es que se les controle y, ojalá, medique”, dice Sofía Hales.

La mayoría de las veces, agrega, lo que realmente pasa es que los pequeños no calzan en el perfil de los colegios de élite escogidos por sus padres o están expresando su frustración ante la nula contención que reciben. “Cuando las exigencias no se ajustan a sus niveles de desarrollo terminan apareciendo sicopatologías o conductas disruptivas. Uno ve mucho estrés y pena. Están muertos de pena”, concluye.

Felipe Lecannelier y su equipo consultaron a jóvenes de 17 años “en un colegio de estrato socioeconómico bien alto, que por lo mismo no puedo mencionar”, cuánto tiempo de calidad pasaban con sus padres a la semana (sin tablet, celular o televisión de por medio, es decir, una interacción real) y la respuesta fue 15 minutos con la mamá y 12 minutos con el papá. “Hay muy poca conexión”, reflexiona.

Es un entorno donde los padres tercerizan todas las tareas que pueden. Los niños tienen profesores particulares, sicopedagogo, sicólogo, terapeuta ocupacional, asisten a numerosos talleres, etc. “Los papás se desprenden, se hacen muy poco responsables de lo que sucede con sus hijos y están sabiendo muy poco de ellos”, dice Irene, sicopedagoga que lleva casi 15 años trabajando en colegios de élite.

En su observación, los papás están muy sobredemandados por mantener ciertas apariencias económicas y sociales. Entre el exceso de trabajo y actividades sociales, los niños quedan completamente relegados.

En sus más de 30 años como profesora de lenguaje en colegios particulares del sector alto de Santiago, Ana ha visto a niños que llegan en extremo atrasados o que sus padres olvidan ir a recogerlos al final de la jornada, sin sus útiles ni tareas hechas, con zapatos rotos, cambiados de pie o evidente falta de higiene.

Algo muy típico a final de año, relata, son los padres que llegan al colegio a buscar los certificados de notas de sus hijos “y que no saben en qué curso están”.

A los 18 años, cuando los padres de I.M. se separaron, él se atrevió por primera vez a hablar abiertamente de los maltratos que había recibido. También puso una denuncia en fiscalía, recibiendo críticas y recriminaciones. “Mis hermanas se enojaron, porque mi papá pagaba sus universidades Todos me decían que estaba dañando el nombre de la familia, ensuciando el apellido. Puras excusas”.

“Di que te caíste en el scooter”, le dijo su mamá a Felipe, de cinco años, antes de subirse al furgón. “La verdad no recuerdo mucho lo que pasó ese día”, dice hoy el niño, quien ya tiene 10.

Su papá, Gastón, llena los vacíos de su relato. Ese día le tocaba ir a buscarlo al colegio. Al verlo, la pregunta fue inmediata: ¿Qué te pasó en la cara? “Es que me desperté tarde y me atrasé, entonces mi mamá se enojó y me mordió”, respondió su hijo.

Gastón y la mamá de Felipe tuvieron una relación breve y fueron padres a los 19 años. “Ella siempre fue muy intensa y llevada a sus ideas”, dice él. Tras pelearse con su familia, que vive en un sector acomodado de Las Condes, madre e hijo se fueron a vivir solos a un departamento, “y ahí las cosas se complicaron”, cuenta el padre.

Un silenciamiento que viene del entorno, no de la víctima, ni es culpa de la víctima, dice José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza. “Creen que van a estar exponiéndose a la crítica social, el estigma, la pérdida de estatus, la pertenencia”. Una señora alguna vez le dijo que no quería que “nadie supiera que su hijo había sido víctima de abuso, porque entonces ‘no lo iba a mirar el hijo o hija de Larraín’”. Otros, cuando comenzaron con las denuncias de abuso sexual al exsacerdote Fernando Karadima, le decían “si no fue tanto, ¿para qué te expones así?”. No pocos, incluso, le confesaron que preferían callar sus propios casos porque no querían convertirse en “un Murillo o un Hamilton”.

Los testimonios que comparte son concordantes con la encuesta de Prevalencia del Abuso Sexual Infantil en la Región Metropolitana, que la Fundación para la Confianza lanzó en diciembre pasado. Allí se confirma que el estrato socioeconómico que menos se atreve a revelar un abuso es el ABC1.

La red que silencia la vulneración parte, por supuesto, en la familia. “Mi mamá propagaba su miedo para que todos nos quedáramos piola”, dice I.M. Una vez, su hermana dijo que denunciaría a su papá, luego de que este le dejara morado el brazo a golpes por no limpiar la alfombra. ¿La respuesta de su mamá? “Estás loca, imagínate lo que puede hacer después, cómo puede llegar a reaccionar”.

El abogado Francisco Estrada recuerda el caso unos padres que le pidieron asesoría. Su hija había sido maltratada por un compañero de curso en un colegio muy prestigioso. No querían hacer nada contra el colegio o el chico, sino solo resolver el asunto puntual. “Busqué en Google el nombre del chico agresor y era hijo de un tremendo empresario. Tanto el director como la familia de la chica tenían susto, porque entre ellos y esa familia, el colegio no iba a dudar a quién escoger”.

¿Qué tan lejos llegan los padres para esconder una situación que, creen, puede afectar su estatus? Ana, la profesora, recuerda un caso donde fue tanto el revuelo, que la familia decidió retirar al chico del colegio y llevarlo al extranjero.

Carmen tiene 64 años y un largo historial de maltratos que su familia mantuvo en silencio. “Nos golpeaba con los puños, los pies, con objetos. Aún recuerdo ver a mis hermanos pequeños, de siete y ocho años, tratando de protegerse la cabeza mientras mi mamá los pateaba”. Sufrió depresión por primera vez a los 12 años y tuvo varios intentos de suicidio.

Fue su exmarido quien continuó el abuso. Vinieron las depresiones posparto y el abuso financiero (su pareja le hizo firmar papeles en que le cedía la administración de casi todos sus bienes).

Dice que muchas veces, si se separan, las mujeres se quedan sin nada, lo que también repercute en los hijos, empujándolas a postergar o simplemente desechar esa opción.

I.M. también sufrió ese abuso financiero. “Si no sales a comer conmigo me voy a cagar a tu mamá y a tus hermanas con plata”, lo amenazó su papá una vez. En esa cena, pasados cinco minutos de discusión, el joven se levantó y se fue. “El papá le quitó cien lucas a la mamá porque tú no estás cumpliendo las reglas”, le recriminó una de sus hermanas apenas volvió a la casa.

Los niños ABC1 están bastante aislados, dicen los expertos, y frente al silenciamiento de las familias, el rol de los colegios y centros de salud es importantísimo.

Pero en esos entornos también hay temor. Un miedo al cliente enojado, dice la sicóloga Sofía Hales, quien puede ponerte en una situación compleja con tu jefatura. “Me ha tocado conocer docentes que han intentado poner denuncias. Los apoderados reclaman y el director les cree a ellos, invisibilizando la posibilidad de que exista un maltrato, dejando además al profesional muy cuestionado”, relata.

Ana dice que el miedo a los apoderados es real. Cree que tiene que ver con mantener el prestigio, con no restarle bonos a la institución, con no asustar a los padres. “No hay que olvidar que, en muchos casos, además, los lazos se prolongan al trabajo, la vida familiar, social y religiosa, por lo que siempre es recomendable mantener una apariencia de normalidad”.

“Nosotros trabajamos con colegios súper pitucos”, cuenta José Andrés Murillo, “y algunos nos decían que no hacen denuncias porque la vez que hicieron una los demandaron por 400 millones de pesos y casi los quebraron”.

Por todo esto es que Irene, en su trabajo de sicopedagoga, siempre intenta mediar. “Hacerlo en los mejores términos, porque muchas veces a los padres se les hace difícil reconocer que no se la pueden, que lo están haciendo mal”. En ocasiones se rehúsan a entregar informes sicológicos donde aparecen temas complicados, “y no tienes forma de enterarte”. Si te vas en contra de los papás, agrega, te van a cerrar las puertas y no vas a poder llegar a ese niño, el que va a quedar desprovisto de cualquier apoyo.

“Obviamente que no son todos los papás. Hay algunos muy preocupados de sus hijos, pero ojalá fueran más”, acota.

Un escenario similar se da en los centros de salud. Si al adulto que paga la atención del niño no le gusta lo que escucha puede simplemente cambiarse de clínica o doctor. “Trabajé en un recinto privado y recibí lo que se podría llamar ‘amenazas’, sobre todo en casos de abuso sexual y maltrato. Hay niños que llegan asustados o abiertamente traumatizados, se ve harto descontrol de los padres”, dice Felipe Lecannelier. Así es como se escuchan frases como “manejémoslo con cuidado”, “mejor que no se sepa” o “esto no le conviene a nadie”, recuerda el siquiatra.

A pesar de que las clínicas tienen protocolos para manejar estos casos, el médico pediatra y presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico, Fernando González, reconoce que en el sector privado se da una relación “transaccional” que puede generar un conflicto de interés respecto del interés superior del niño. “La prioridad debería ser el menor, pero el riesgo de perder su trabajo podría empujar a un profesional a quedarse callado y dejarla pasar”.

La ginecóloga Andrea von Hoveling cree que este panorama está lentamente cambiando. “Yo me he sentido bien apoyada para denunciar, pero conozco colegas de otras instituciones que han tenido miedo de hablar con sus jefaturas. Hay que derribar esa barrera”.

Los colegios también han comenzado a preocuparse del tema. “Se están tomando en serio el maltrato y rompiendo con el discurso de ‘mejor no hago nada, porque va a ser peor o el apoderado va a reclamar’ a causa del bullying. El caso de la niña Winter -alumna del colegio Nido de Águilas que se suicidó en mayo de 2018- los remeció a todos”, afirma Francisco Estrada, quien cuenta que los 10 establecimientos ABC1 más importantes le han consultado a él u otros expertos para revisar sus protocolos de convivencia y determinar qué hacer en caso de detectar una vulneración.

Hoy, Felipe vive con su papá y asiste a un colegio cercano a la Av. Apoquindo, donde juega  básquetbol y va a scout. Aunque entonces era solo un preescolar, se recrimina no haber alertado antes de los maltratos que recibía. “Me da rabia. ¿Por qué no lo dije antes? Hubiese sido mejor que lo hubiese dicho antes”, reflexiona el niño.

I.M. recuerda todas las veces que algún adulto le preguntó con cierta preocupación cómo estaba y él respondió “bien”. Era sincero: “Lo que sucedía a diario en mi casa era simplemente la normalidad. No era una vivencia puntual, sino que era el día a día no más”. No se atrevería a juzgar a nadie por no haber hecho algo para protegerlo.

Pero Sofía Hales es crítica de aquellos profesionales que, sospechando una vulneración, no actúan a tiempo. “Nadie dice que sea fácil, pero si no estás dispuesto a correr riesgos, mejor no trabajes con niños, porque somos su voz, ellos nos necesitan”.

Una llamada desconocida. Una voz familiar, pero imposible de reconocer. Josefina (53) solo atinaba a preguntar: “¿Pero tú estás segura? ¿Cómo sabes esto?”.

- Yo estoy casi segura de que la señora le está dando medicamentos a la niña, que le está dando Ravotril para dormir. Por favor, usted preocúpese del tema– se escuchó del otro lado.

Era una de las nanas de la mamá de Amalia, nieta de Josefina. La abuela nunca supo cuál de todas fue la que se atrevió a hablar, pero su acusación gatilló un vuelco en sus vidas. Hace solo unas semanas, tras varios años en que tuvo la custodia temporal de la niña, se le otorgó el cuidado definitivo. Dice sentirse aliviada.

Hoy, Amalia tiene seis años y mientras su abuela recuerda, ella ve unos monitos en Netflix, al otro lado de la habitación. “Solo un ratito", le aclara, y vuelve a su relato, en voz baja, para que la pequeña no escuche. “Ella tenía tres años cuando pasó esto. Yo no lo podía creer. Sabíamos con mi hijo que su expareja, la mamá de Amalia, sufría una adicción al alcohol, pero jamás nos imaginamos algo así”.

En ese entonces Amalia iba a un jardín por Av. Las Condes y Josefina iba a mirarla en los recreos. Con mucha insistencia lograba que la niña, que vivía con su mamá y abuelos en Vitacura, pudiera visitarla en su casa, ubicada en La Reina. Al revisar la muda que le enviaban a su nieta, notaba que estaba muy sucia y rota. Entonces pensaba: “Si tienes cuatro empleadas en la casa, ¿cómo no puedes enviarle, al menos, la ropa limpia?”.

Josefina fue por la niña un día. “Pasa, todavía está durmiendo”, le dijo la mamá. Eran casi las 10 de la mañana y a la abuela se sorprendió: cuando llegaba, siempre la niña iba corriendo a saludarla. “Me costó despertarla y ahí pensé, ¿será verdad?”. En la siguiente salida fueron, junto al papá de Amalia, a hacerle un examen de sangre. Cinco días después llegó el resultado: la pequeña tenía rastros del tranquilizante clonazepam en la sangre.

Abuela y padre estaban desesperados y no sabían qué hacer. Fue finalmente en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de La Reina donde los asistieron. Tenían una buena situación económica, pero contratar un abogado era demasiado caro.

Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) han sido catalogadas por muchos como “la puerta de entrada al Sename”. Allí es generalmente donde primero se detectan las vulneraciones. Ya sea por demanda espontánea (familiares o conocidos del niño que llegan pidiendo ayuda), redes locales (consultorios, colegios) o derivados desde tribunales, los menores y sus familias llegan a las OPD para ser evaluados y elaborar “informes descriptivos”, que determinan las siguientes acciones, de las cuales la OPD no está a cargo.

La gran mayoría de las comunas del país tiene una OPD. En La Reina es relativamente reciente y funciona desde 2015. Providencia también tiene una y en Las Condes existe el Centro del Buen Trato, que no es propiamente una OPD, pero que es similar en sus funciones. En la comuna de Vitacura, una de las más ricas no sólo de Santiago sino de Chile, sin embargo, no hay ninguna entidad que cumpla este rol.

En comparación con La Pintana, una de las comunas más pobres de Santiago, Vitacura solo tiene 9.08 casos por protección y violencia intrafamiliar por cada 1,000 niños, contra los 29.49 casos reportados en La Pintana. Sin embargo, al revisar las causas de cuidado personal y relación directa y regular (pensiones, custodia y visitas), Vitacura tiene 31.8 casos por cada 1,000 niños, mientras que La Pintana solo tiene 17.93. La mayoría de las vulneraciones de derechos de los niños en el estrato ABC1 se descubren a través de estos casos.

Para Bessie Gálvez, coordinadora de la OPD de La Reina, su mayor dificultad es la falta de redes locales para derivar a los niños en caso de vulneración. “Estamos obligados a judicializar los casos y que desde el tribunal tengan acceso a esas intervenciones”. El problema es que esos programas ya están saturados y entran a una lista de espera. “Los niños pueden estar esperando un año y en ese periodo una intervención que era moderada termina transformándose en grave”.

Desde el Poder Judicial afirman que el sistema está colapsado. Por eso, la jueza de familia Verónica Ortiz cree que casos como estos no deberían derivarse a redes de apoyo estatales. El problema es que en el mundo privado son poquísimas las instituciones especializadas, que hagan terapias de reparación, familiares o de habilidades parentales. “Lo lógico sería enviar ahí a esas familias, que pueden pagar, pero son contadas con los dedos de la mano, cinco o seis en Santiago y ni hablar en regiones. Nos topamos con un muro”.

Cuando los jueces necesitan entregar la custodia del menor a otra persona distinta de sus padres también sufren dificultades. “En los estratos más bajos muchas veces viven todos juntos. Tú puedes sacar a una madre o tío abusador de la casa y dejar el cuidado del niño a la abuela, pero en los estratos más altos las familias son nucleares, a los tíos y abuelos se les ve ocasionalmente o viven lejos”, explica la jueza Verónica Ortiz.

Tras una intervención quirúrgica, un pequeño de nueve años contaba que fue su nana quien lo acompañó todas las noches en la clínica, relata un abogado. “Efectivamente, hay casos en que el adulto significativo, la figura de apego, es la nana de la casa”, dice Ortiz, “pero no le podemos pasar el cuidado personal del niño a ella”.

“Un niño que está siendo víctima de una vulneración grave al interior de una familia de clase económica alta ¿tiene las mismas posibilidades de ser sacado de este entorno familiar de manera inmediata, que es lo que ocurre con un niño de bajo recursos? La respuesta es no”, dice Patricia Muñoz.

Para la abogada, esto representa una contradicción total. “No podemos negarles la posibilidad de ser atendidos y protegidos adecuadamente solo porque ellos viven en un entorno mucho mejor que el de otros niños”.

El gobierno reconoce esta realidad. “Cuando los recursos son escasos, uno tiende a preocuparse de los que tienen menos, pero como los niños son vulnerables en cuanto niños, no en cuanto a sus recursos, estamos trabajando en políticas preventivas para todos”, dice la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. Así menciona la creación de un “Fono (y chat) Niñez” para 2020 y mejoras en los protocolos de las policías para recibir denuncias de este tipo.

¿Qué cambios necesita el sistema para enfrentar estos desafíos? Hay que mejorar las redes de apoyo privadas, dice el abogado Francisco Estrada. Y en ese contexto, agrega, el mundo ABC1 sí puede aprender de los profesionales del Sename, “que tienen enorme experiencia y saben cómo detectar e intervenir”. No se trata de ampliar ese sistema, aclara, pero aprender de las cosas que se hacen bien y aplicarlas.

La ginecóloga Andrea von Hoveling sugiere imitar los “comités de maltrato” que existen en los hospitales públicos, donde profesionales de distintas áreas revisan los casos y se apoyan.

El pediatra Fernando González afirma que en el sistema de alerta temprana que está planteando el gobierno debería considerarse una normativa que les permita a las autoridades sanitarias fiscalizar, sancionar e intervenir en situaciones de vulneración donde las acciones del personal médico -privado o público- estén siendo insuficientes a la hora de la pesquisa y la denuncia. Algo similar debería suceder en el plano educativo, además de “formar a los profesionales de la educación en estas temáticas”, dice Estrada.

Carol Bown acota que donde el Estado no alcanza a llegar por distintas razones, hay también un deber de la comunidad. “Necesitamos instalar la idea de que la protección de nuestros niños es tarea de todos, no solamente de un funcionario”.

Pero a casi 30 años de que Chile ratificara la Convención de Derechos del Niño, aún no existe un marco legal que efectivamente garantice la protección de esos derechos. La ley de garantías de los derechos de la niñez, ingresada en 2015 al Senado, aún se encuentra en su segundo trámite constitucional.

La causa de I.M. contra su padre se cerró definitivamente a principios de abril. Firma mensual y arraigo nacional por cinco años fue la sentencia. “Yo me robo un cajero y me voy preso cinco años, fácil”, se queja el joven, quien siente que la sociedad en su conjunto lo abandonó.

“Los sicólogos me dicen que una persona con mi experiencia de vida se hubiese suicidado antes de entrar a la adolescencia. Ya he ido como a ocho terapias, pero no me han ayudado mucho. Supongo que siempre vas a esperar que, algún día, lleguen tu papá y tu mamá y te digan ‘perdón’. Tú lo único que quieres es que te abrace alguien”.

Nota: Algunos nombres y datos de las personas que ofrecieron sus testimonios para este reportaje fueron modificados para su protección y, en particular, la de los menores involucrados.

¿Ha sido testigo o sospecha de una vulneración de derechos a un NNA?
Puede denunciar en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de su comuna, a las policías (Carabineros, PDI) o directamente en fiscalía o tribunales. No necesita estar ligado directamente con el niño, solo requiere expresar su interés de protegerlo. Las denuncias no pueden ser anónimas.

¿Has sufrido o estás sufriendo una vulneración en tus derechos?
¡No dudes en pedir ayuda! ¿Tienes algún adulto de confianza con quién hablar? Puede ser un familiar, un profesor, un médico u otra persona que pueda escucharte y ofrecerte apoyo. Si no existe una persona cercana con la que puedas conversar, te recomendamos contactar a alguna de las siguientes organizaciones que se especializan en distinto tipo de vulneraciones: Todo Mejora (bullying), Fundación para la Confianza (abuso sexual), Fundación José Ignacio (suicidio). Por supuesto, también puedes llamar a Carabineros y a la PDI.

Más información y recomendaciones están disponibles en el sitio web de la Defensoría de la Niñez.