Sistema ausente

Una llamada desconocida. Una voz familiar, pero imposible de reconocer. Josefina (53) solo atinaba a preguntar: “¿Pero tú estás segura? ¿Cómo sabes esto?”.

- Yo estoy casi segura de que la señora le está dando medicamentos a la niña, que le está dando Ravotril para dormir. Por favor, usted preocúpese del tema– se escuchó del otro lado.

Era una de las nanas de la mamá de Amalia, nieta de Josefina. La abuela nunca supo cuál de todas fue la que se atrevió a hablar, pero su acusación gatilló un vuelco en sus vidas. Hace solo unas semanas, tras varios años en que tuvo la custodia temporal de la niña, se le otorgó el cuidado definitivo. Dice sentirse aliviada.

Hoy, Amalia tiene seis años y mientras su abuela recuerda, ella ve unos monitos en Netflix, al otro lado de la habitación. “Solo un ratito", le aclara, y vuelve a su relato, en voz baja, para que la pequeña no escuche. “Ella tenía tres años cuando pasó esto. Yo no lo podía creer. Sabíamos con mi hijo que su expareja, la mamá de Amalia, sufría una adicción al alcohol, pero jamás nos imaginamos algo así”.

En ese entonces Amalia iba a un jardín por Av. Las Condes y Josefina iba a mirarla en los recreos. Con mucha insistencia lograba que la niña, que vivía con su mamá y abuelos en Vitacura, pudiera visitarla en su casa, ubicada en La Reina. Al revisar la muda que le enviaban a su nieta, notaba que estaba muy sucia y rota. Entonces pensaba: “Si tienes cuatro empleadas en la casa, ¿cómo no puedes enviarle, al menos, la ropa limpia?”.

Josefina fue por la niña un día. “Pasa, todavía está durmiendo”, le dijo la mamá. Eran casi las 10 de la mañana y a la abuela se sorprendió: cuando llegaba, siempre la niña iba corriendo a saludarla. “Me costó despertarla y ahí pensé, ¿será verdad?”. En la siguiente salida fueron, junto al papá de Amalia, a hacerle un examen de sangre. Cinco días después llegó el resultado: la pequeña tenía rastros del tranquilizante clonazepam en la sangre.

“No teníamos ninguna cultura o conocimiento de lo que haces frente a un problema así. Yo asociaba este tipo de cosas a los niños del Sename o a personas de muy bajos recursos, pero son tantas las formas de vulnerar a los niños y pasa en todos lados”.

Josefina, 53 años

Abuela y padre estaban desesperados y no sabían qué hacer. Fue finalmente en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de La Reina donde los asistieron. Tenían una buena situación económica, pero contratar un abogado era demasiado caro.

Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) han sido catalogadas por muchos como “la puerta de entrada al Sename”. Allí es generalmente donde primero se detectan las vulneraciones. Ya sea por demanda espontánea (familiares o conocidos del niño que llegan pidiendo ayuda), redes locales (consultorios, colegios) o derivados desde tribunales, los menores y sus familias llegan a las OPD para ser evaluados y elaborar “informes descriptivos”, que determinan las siguientes acciones, de las cuales la OPD no está a cargo.

La gran mayoría de las comunas del país tiene una OPD. En La Reina es relativamente reciente y funciona desde 2015. Providencia también tiene una y en Las Condes existe el Centro del Buen Trato, que no es propiamente una OPD, pero que es similar en sus funciones. En la comuna de Vitacura, sin embargo, no hay ninguna entidad que cumpla este rol.

Para Bessie Gálvez, coordinadora de la OPD de La Reina, su mayor dificultad es la falta de redes locales para derivar a los niños en caso de vulneración. “Estamos obligados a judicializar los casos y que desde el tribunal tengan acceso a esas intervenciones”. El problema es que esos programas ya están saturados y entran a una lista de espera. “Los niños pueden estar esperando un año y en ese periodo una intervención que era moderada termina transformándose en grave”.

Desde el Poder Judicial afirman que el sistema está colapsado. Por eso, la jueza de familia Verónica Ortiz cree que casos como estos no deberían derivarse a redes de apoyo estatales. El problema es que en el mundo privado son poquísimas las instituciones especializadas, que hagan terapias de reparación, familiares o de habilidades parentales. “Lo lógico sería enviar ahí a esas familias, que pueden pagar, pero son contadas con los dedos de la mano, cinco o seis en Santiago y ni hablar en regiones. Nos topamos con un muro”.

La saturación del sistema también se ve en otro flanco: los curadores ad litem. Hay más conciencia de la importancia de que exista un representante del niño en estos procesos y, en consecuencia, los jueces los asignan con más frecuencia. Lamentablemente, la oferta no da abasto de la demanda.

“Nos pasa, por ejemplo, en el verano, cuando las universidades cierran, que sufrimos un alto déficit de curadores, o los curadores ya asignados no pueden ir a las audiencias y perdemos agenda”, dice Ortiz. Otros critican que, ya sea por falta de tiempo o negligencia, los curadores apenas hablan con los niños representados.

Según la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, el mínimo debería ser ofrecer “representación jurídica especializada a todo evento, donde un abogado trabaje con una dupla sicosocial, para todos los niños, niñas y adolescentes”.

Para Ester Valenzuela esto es clave: “Hay más sabiduría en la infancia y la adolescencia de lo que creemos. En los años que llevo de curadora nunca me ha tocado un caso en donde lo expresado por el menor ponga en riesgo o contradiga su interés superior”. Sin embargo, agrega, muchas veces los deseos de los niños son completamente ignorados por sus padres o cuidadores.

“Yo nunca encontré lógico que nadie hiciera nada. No entiendo por qué lo hacen con los de estrato social bajo y no del alto”.

I.M.

Cuando los jueces necesitan entregar la custodia del menor a otra persona distinta de sus padres también sufren dificultades. “En los estratos más bajos muchas veces viven todos juntos. Tú puedes sacar a una madre o tío abusador de la casa y dejar el cuidado del niño a la abuela, pero en los estratos más altos las familias son nucleares, a los tíos y abuelos se les ve ocasionalmente o viven lejos”, explica la jueza Verónica Ortiz.

Tras una intervención quirúrgica, un pequeño de nueve años contaba que fue su nana quien lo acompañó todas las noches en la clínica, relata un abogado. “Efectivamente, hay casos en que el adulto significativo, la figura de apego, es la nana de la casa”, dice Ortiz, “pero no le podemos pasar el cuidado personal del niño a ella”.

“Un niño que está siendo víctima de una vulneración grave al interior de una familia de clase económica alta ¿tiene las mismas posibilidades de ser sacado de este entorno familiar de manera inmediata, que es lo que ocurre con un niño de bajo recursos? La respuesta es no”, dice Patricia Muñoz.

Para la abogada, esto representa una contradicción total. “No podemos negarles la posibilidad de ser atendidos y protegidos adecuadamente solo porque ellos viven en un entorno mucho mejor que el de otros niños”.

El gobierno reconoce esta realidad. “Cuando los recursos son escasos, uno tiende a preocuparse de los que tienen menos, pero como los niños son vulnerables en cuanto niños, no en cuanto a sus recursos, estamos trabajando en políticas preventivas para todos”, dice la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. Así menciona la creación de un “Fono (y chat) Niñez” para 2020 y mejoras en los protocolos de las policías para recibir denuncias de este tipo.

¿Qué cambios necesita el sistema para enfrentar estos desafíos? Hay que mejorar las redes de apoyo privadas, dice el abogado Francisco Estrada. Y en ese contexto, agrega, el mundo ABC1 sí puede aprender de los profesionales del Sename, “que tienen enorme experiencia y saben cómo detectar e intervenir”. No se trata de ampliar ese sistema, aclara, pero aprender de las cosas que se hacen bien y aplicarlas.

La ginecóloga Andrea von Hoveling sugiere imitar los “comités de maltrato” que existen en los hospitales públicos, donde profesionales de distintas áreas revisan los casos y se apoyan.

“No puede depender todo de las voluntades, de que yo llame al colegio o me contacte con la sicóloga del niño. Si la red está institucionalizada uno puede trabajar más tranquilo”.

Andrea von Hoveling, ginecóloga.

El pediatra Fernando González afirma que en el sistema de alerta temprana que está planteando el gobierno debería considerarse una normativa que les permita a las autoridades sanitarias fiscalizar, sancionar e intervenir en situaciones de vulneración donde las acciones del personal médico -privado o público- estén siendo insuficientes a la hora de la pesquisa y la denuncia. Algo similar debería suceder en el plano educativo, además de “formar a los profesionales de la educación en estas temáticas”, dice Estrada.

Carol Bown acota que donde el Estado no alcanza a llegar por distintas razones, hay también un deber de la comunidad. “Necesitamos instalar la idea de que la protección de nuestros niños es tarea de todos, no solamente de un funcionario”.

Pero a casi 30 años de que Chile ratificara la Convención de Derechos del Niño, aún no existe un marco legal que efectivamente garantice la protección de esos derechos. La ley de garantías de los derechos de la niñez, ingresada en 2015 al Senado, aún se encuentra en su segundo trámite constitucional.

La causa de I.M. contra su padre se cerró definitivamente a principios de abril. Firma mensual y arraigo nacional por cinco años fue la sentencia. “Yo me robo un cajero y me voy preso cinco años, fácil”, se queja el joven, quien siente que la sociedad en su conjunto lo abandonó.

“Los sicólogos me dicen que una persona con mi experiencia de vida se hubiese suicidado antes de entrar a la adolescencia. Ya he ido como a ocho terapias, pero no me han ayudado mucho. Supongo que siempre vas a esperar que, algún día, lleguen tu papá y tu mamá y te digan ‘perdón’. Tú lo único que quieres es que te abrace alguien”.

Nota: Algunos nombres y datos de las personas que ofrecieron sus testimonios para este reportaje fueron modificados para su protección y, en particular, la de los menores involucrados.

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