El teléfono cayó al suelo y la llamada nunca se cortó. Juan Coro, 52 años, peruano, obrero de la construcción, caminaba por la Plaza de Puente Alto. Iba de regreso a su casa, en Estación Central, desde su trabajo en Pirque. Tras despedirse de un compañero llamó a Esperanza Mena, su pareja, para avisarle que, por las protestas, no había locomoción.

- Cuídate, mejor tómate un taxi –recuerda haberle dicho Esperanza–. Pero él se negó: no quería gastar esa plata.

Eran las cuatro de la tarde del martes 22 de octubre y una bala entró en su cabeza. Quedó desplomado en el suelo, sangrando. Varios testigos se acercaron a socorrerlo y alguien empezó a grabar.

- Un tipo de una tienda le disparó, a un hombre trabajador, están sus cosas, está su pote de comida –dice una mujer.
- Ni siquiera estaba robando –agrega la persona que graba, enfocando la mochila del hombre, tirada también en el suelo.
- Él es de Estación Central, estoy hablando con su esposa –grita llorando otra señora.

María Esperanza Mena tiene 60 años y se mueve en una silla de ruedas. Por su discapacidad, Juan la bañaba y la vestía, le cocinaba y la sacaba de paseo. Además, se hacía cargo de sus hijos, que eran de una relación anterior. Para ellos, él era su papá. Llevaban dos años viviendo juntos en Chile, pero durante mucho tiempo, antes de que Juan pudiera traer a Esperanza y su familia al país, les enviaba dinero todos los meses.

“Le dije a la señora que había tomado el teléfono que me esperaran, que como fuera yo iba a llegar, aunque me era muy difícil”, dice Esperanza. La testigo subió a Juan Coro a su auto con la ayuda de su marido y lo llevó al Hospital Sótero del Río. Allí lo recibió el jefe de turno, de iniciales J.V. “El paciente entró con una herida en el cráneo y evidente daño en su cerebro. Lo protegimos rápidamente, intubándolo”, recuerda. Después del escáner de rigor, el equipo médico mantuvo esta medida, pero con el diagnóstico de muerte cerebral.

Esperanza quería donar sus órganos, pero Juan falleció 48 horas después de haber ingresado al hospital por una falla multisistémica. Horas antes, el locatario que había disparado se entregó a Carabineros en la 20ª Comisaría de Puente Alto, alegando legítima defensa. En primera instancia, el comerciante de iniciales F.A.G.V. explicó que al ver una turba abalanzándose hacia su local, con claras intenciones de saquear, él reaccionó tomando su arma de fuego y haciendo uso de ella.

Esa misma tarde, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, detalló que, en su testimonio, el locatario sindicó a Juan Coro como parte de la supuesta turba, una versión que rápidamente se difundió en redes sociales. Sin embargo, los testigos que auxiliaron al herido afirman que no hubo ningún intento de saqueo.

“La gente en redes sociales dice que se merecía esa muerte por estar robando, pero no saben quién era realmente Juan”, dice Jessica Marchant, esposa de un compañero de Coro, en la construcción. “Todos lo querían en el trabajo. Era una buena persona, amable, esforzado y lo daba todo por su mujer. Mi marido hasta hoy se siente culpable de no haber seguido el camino junto a él ese día”.

El 31 de octubre, la Fiscalía Metropolitana Sur dejó al comerciante en prisión preventiva, descartando legítima defensa. El hombre fue formalizado por el homicidio de Coro y por homicidio frustrado de un ciudadano chileno que también recibió uno de sus disparos.

Daniela de la Jara, abogada que representa a la familia de Coro, afirma que la esposa del locatario habría amenazado a los testigos del suceso. “Empezó a enviarles mensajes por Facebook diciéndoles que con la misma pistola que mató a Juan los iba a matar a ellos por ‘sapos’”. De la Jara agrega que fue al lugar y el local no tenía ningún indicio de haber sido saqueado, lo que otros vecinos confirman: "Nunca hubo una turba de saqueadores y quienes lo conocen afirman que el hombre se caracteriza por ser violento".

Por solicitud de la familia de Juan, sus restos serán repatriados a Perú. Esperanza pretende volver, junto a sus hijos, con los restos de su pareja. Por eso hoy busca ayuda para trasladar a su país de origen los bienes que habían acumulado. Clara Viera, sobrina de María Esperanza y quien la ha acompañado en todo este proceso, afirma que la familia está devastada.